
Financiación con cargo a todos los ciudadanos...
Se suele fijar la atención en el fracaso del llamado impuesto religioso de 1987 para ponderar la tacañería del católico español para con su iglesia, indiscutible si se mira sólo a la asignación tributaria, pero relativa cuando se refiere al Estado, es decir al conjunto de los ciudadanos, sean religiosos o ateos, católicos o de otras religiones. Así a través de las administraciones central, autonómica y municipal, el Estado aporta cada año en torno a 5.057 millones de euros a la Iglesia católica en sus diversas manifestaciones, según las cifras aportadas por distintos organismos estatales. La cifra de 5.057 millones incluye el ahorro que supone "el paraíso" (pero fiscal) en que se desarrolla la casi totalidad de sus actividades, calculado por expertos de Hacienda en unos 750 millones de euros. Es en el campo de la enseñanaza y en la asistencia social y de caridad donde las organizaciones católicas reciben más dinero. Por ejemplo en sueldos para unos 33.440 profesores de catolicismo de los que unos 15.000 imparten doctrina en colegios públicos (517 millones de euros) o para el sistema de conciertos educativos
(3.200 millones, según datos oficiales). En los conciertos educativos se incluyen las subvenciones por módulo y las nóminas de los docentes, además de una partida para administración de los centros. La actividad educativa de la Iglesia se resume en 2.386 centros concertados (el 80% del total de privados subvencionados), 1.368.237 alumnos y 80.959 profesores.
Respecto a la actividad social y caritativa del catolicismo, además de la diaconía Cáritas Española con sus 67 delegaciones diocesanas y otras 10 Cáritas autonómicas, también destaca su ONG Manos Unidas. Otra importante fuente de financiación son los centros hospitalarios concertados (107); ambulatorios y dispensarios (128); Residencias (876); Orfanatos (937); guarderias (321);Centros de reeducación (365);y otros centros de caridad y sociales (717). Los obispos argumentan que si el Estado atendiera por su cuenta estas obligaciones educativo-asistenciales gastaría mucho más, y aunque esto podría ser cierto al principio (construcción de colegios,hospitales,etc) lo que no comentan es que los conciertos económicos les dan la posiblidad de difundir su credo de forma muy privilegiada y que a medio-largo plazo el coste para el Estado se iría reduciendo considerablemente,mientras que a ellos el tener que autofinanciarse les llevaría a una situación bastante peor de la que disfrutan actualmente. El Estado paga también la nómina de los capellanes hospitalarios (510 a tiempo completo y 297 a tiempo parcial),de los penintenciarios (130) más los sueldos de los capellanes castrenses, a cuyo frente está un arzobispo con grado de general de división.
Capítulo aparte son las ayudas directas a la Iglesia para el sostenimiento de su gran patrimonio artístico e inmoliario: 280 museos, 103 catedrales o colegiatas con cabildo y casi mil monasterios. Las administraciones públicas gastaron el año pasado 200 millones de euros para obras de conservación o reforma. Además varias organizaciones son propietarias de siete universidades (Deusto-jesuitas; Navarra-Opus; CEU-Asociación de Propagandistas; pontificias de Comillas y Salamanca; diocesanas de Murcia y Ávila) y de 15 Facultades eclesiásticas, 41 centro
s teológicos, 11 colegios universitarios, 55 escuelas universitarias y 72 institutos superiores. Este poder social y económico es prácticamente incontable pues se nutre de complicados mecanismos de ingresos privados y de financiaciones públicas. Para colmo podemos oir como sostienen los obispos que la asignación tributaria anual del Estado no alcanza al 9% del presupuesto de su iglesia, dato "manipulado" pues en realidad aluden solo a la financiación directa fijada en los Presupuestos Generales del Estado (150 millones para el 2007), e ingresada por el Ministerio de Hacienda en una cuenta de la Conferencia Episcopal para salarios de prelados y clero. Hasta ahora, Hacienda recauda una parte de la asiganción tributaria a través del IRPF de los declarantes católicos que reflejan la casilla correspondiente y el resto lo entrega como dotación extraordinaria graciosa. Este sistema data de 1988 y era transitorio, mientras los obispos encontraban en tres años (antes de 1991) mecanismos de autofinanciación.
En cambio el gobierno socialista acordó elevar a definitivo el viejo sistema de asignación tributaria, no sin antes incrementar por encima del 34% el porcentaje de dicha asignación (del 0,5239 al 0,70% de la cuota íntegra de cada IRPF asignado a esa iglesia). A este sistema se le llama impropiamente "impuesto religioso". La realidad es que el católico no añade ni un euro de su bolsillo en el IRPF. Es Hacienda quien lo resta de los ingresos públicos totales, pues un creyente aporta el 99,3% de su cuota fiscal, y el resto aportamos el 100%. Pese a todo,esta asignación no llega a ser el 3% de los 5057 millones que realmente recibe. El otro 97% es de lo que deliberadamente "hablan lo menos posible".
Judíos, musulmanes y protestantes reciben este año 3 millones de € para actividades sociales
Las tres confesiones que tienen en España el carácter de notorio arraigo y acuerdos de cooperación con el Estado (judaísmo, protestantismo e islamismo) reciben este año tres millones de euros. Las subvenciones, que en ningún caso pueden destinarse a culto o al pago de salarios, las gestiona una fundación compuesta por 12 representantes de la Administración y 9 personas elegidas tras escuchar a los representantes oficiales de las tres religiones. La Iglesia católica, en cambio, recibe como asignación tributaria directa 150 millones para salarios de obispos y sacerdotes, así como varios miles de millones para el sostenimiento de sus actividades y el pago de profesores de catolicismo.
"Estamos cansados de la discriminación; la falta de neutralidad religiosa del Estado sigue siendo alarmante". Con este estado de ánimo viven estas religiones de notorio arraigo. La queja es de Mariano Blázquez, secretario general de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), pero es compartida por dirigentes del islam y judaísmo.
¿ Aconfesionalidad del Estado español ? ¿ Neutralidad religiosa ? Cuando se construye una sinagoga, el rabino responsable tiene que pagar a Hacienda el 16% de su valor en impuestos, mientras que la Iglesia católica está exenta de ese y otros impuestos. Si uno de sus fieles ingresa en un hospital, el pastor protestante tendrá problemas para ejercer su misión espiritual, mientras que el Estado gasta cada año 30 millones de euros en sueldos de capellanes católicos penitenciarios, hospitalarios o castrenses. Y aún persisten autoridades que prohíben ceremonias de musulmanes por calles de ciudades cuyos alcaldes pre-siden las procesiones católicas, o ejecutivos autonómicos que niegan un salario a docentes de religiones que no sean la católica. La federación de iglesias protestantes (2.200 congregaciones y 1.200.000 fieles) propone un acuerdo en el que subrayando el principio de no injerencia (no se trata de un acuerdo para el sostenimiento de iglesias, la evangélica se autofinancia) se estructure un convenio de colaboración económica destinada a auxiliar sus actividades en conceptos relacionados con su notorio arraigo. Los judíos, a través de un informe entregado al Gobierno por Jacobo Israel, presidente de las Comunidades Israelitas en España, subrayan que la asignación presupuestaria se conceda únicamente a la Iglesia católica, negándose a la religión judía con la excusa de que "es una situación transitoria", que dura más de 20 años. En España hay 30 sinagogas y 40.000 judíos. Por su parte los musulmanes reclaman "un porcentaje del rendimiento de la imposición sobre la renta o el patrimonio neto, u otra de carácter personal". También piden que no estén sujetas a impuesto la difusión "de los mensajes, jutbas, traducciones o libros de las entidades religiosas islámicas utilizadas para dar a conocer el islam".
Se complica “la cosa religiosa”
Obviamente, las otras tres religiones que el Estado reconoce como de "notorio arraigo" piden trato similar a la católica, o en la asignación directa, o en la exención-desgravación de impuestos, o en... Solo siendo un estado laicista se solucionará este tema, pues si seguimos como hasta ahora el problema irá creciendo cada vez más, tanto manteniendo-incrementando el
actual status de la religión católica, como corrigiendo progresivamente la desproporción con el resto de religiones. Si hasta hoy la religión protestante, judía e islámica se han podido autofinanciar no hay causa lógica por la que no puedan seguir así, e incorporar a la IGUALDAD de trato a la religión católica. La religión debe quedar en el ámbito de lo privado, sin menoscabo de su derechos de libre expresión en público, pero que han de estar completamente ausentes de la Educación pública y de la Cultura oficial, pues van dirigidos a TODOS los ciudadanos y no solo a los de una religión en concreto. En paises de nuestro entorno (Francia, Alemania, R.U.) y en muchos otros (EEUU) son los fieles los que mantienen a sus iglesias, y no todos los ciudadanos. ¿Se acabará cuando un gobierno haga cumplir lo acordado sobre la autofinanciación-1988?